Fundación Arcor Chile participó de la promulgación de la Ley de Defensoría de la Niñez

En el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley que crea la Defensoría de la Niñez. Se trata de una entidad autónoma que tendrá como misión la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes chilenos.

“El país tiene todavía mucho que hacer para proteger la infancia, pues existen situaciones intolerables de vulneración de derechos y de abusos (…) Se trata de un organismo que tiene en sus manos velar porque la calidad de sujetos de derechos que declaramos para los niños, sea una realidad y no una mera declaración. O sea, hechos y no palabras”, señaló la Presidenta de Chile, Michele Bachelet, en el acto en el que se promulgó la nueva Ley que crea la Defensoría de la Niñez.

A la actividad, que se desarrolló en el Palacio de la Moneda, en Santiago, Fundación Arcor Chile fue invitada como integrante de la Secretaría Ejecutiva de Empresas Unidas por la Infancia (UPPI), una alianza multisectorial que busca, desde el sector privado, instalar la importancia de la infancia para el desarrollo integral de la sociedad. Dentro de la Secretaría Ejecutiva de UPPI, se encuentra el Consejo Nacional de la Infancia, que ha impulsado el nuevo marco legal así como otras iniciativas que promueven el respeto y promoción de los derechos de niños y niñas. 

María Laura Berner, directora Ejecutiva de Fundación Arcor Chile, señaló que "la nueva ley es una muy buena noticia en cuanto reafirma el compromiso del Estado en la preocupación hacia la infancia, ya que genera un organismo autónomo encargado de la defensa de los derechos de la niñez. Esfuerzo al que nos hemos sumado las empresas y distintas asociaciones preocupadas de la infancia".

La Defensoría de la Niñez contará al menos con tres áreas: protección de derechos, promoción y difusión de derechos, y un área de estudios. Asimismo, contará con un Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez, conformado por representantes de la sociedad civil, de organizaciones de niños y niñas y de las universidades reconocidas por el Estado y acreditadas. La nueva institución podrá entrar en funciones dentro de un plazo legal de cinco meses.

 

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