"En las actuales sociedades de América Latina, el aumento de la violencia urbana y las formas de definir e implementar políticas de seguridad pública causan enormes impactos negativos en la vida de niños/as y adolescentes desde la primera infancia. Estos impactos no se distribuyen de manera uniforme, afectan en diferentes formas a niños/as y adolescentes en función de su edad, género, etnia, raza, clase y lugar de residencia. Por lo tanto, es necesario profundizar en reflexiones que deconstruyan los mitos imperantes y permitan actuar sobre las múltiples causas de la violencia con el fin de garantizar la seguridad con un enfoque en la ciudadanía, para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos/as los/as niños/as y adolescentes", expresa el artículo "El desafío de prevenir la violencia y garantizar el derecho a la protección", de la ONG Equidad para la Infancia.
El trabajo lleva las firmas de Verónica Vagnoli y Catarina Vilanova y pertenece a la serie Apuntes de Debate. Esta propuesta de Equidad para la Infancia aborda la situación de la niñez en América Latina, y observa las diferencias en el acceso a sus derechos por parte de niños, niñas y adolescentes.
Explica el trabajo que "el delito y la criminalidad adquirieron una connotación epidémica en Brasil y en otros países latinoamericanos, siendo motivo de gran inquietud social. Por primera vez en décadas, la delincuencia ha reemplazado el desempleo como la principal preocupación de la población de esta región. Las tasas de homicidio están aumentando en la mayoría de países latino-americanos, sumando, por año, más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un nivel epidémico de violencia".
Sigue diciendo que "el aumento de la violencia y del crimen en América Latina requiere una explicación multidimensional que remite a la interrelación entre diversos factores socioeconómicos (como precariedad laboral, inequidad persistente y una insuficiente movilidad social, en un contexto de crecimiento económico basado en el consumo); y sociales (pérdida de la capacidad de las familias, la escuela y las ciudades de propiciar el fortalecimiento del tejido social, la cooperación y la convivencia positiva entre las personas). Esto contribuye para crear un entorno propicio a la violencia y el delito. Además, colaboran con el aumento de la violencia y del delito, la presencia de armas de fuego, el tráfico de drogas y el consumo de alcohol y las debilidades institucionales del estado relacionadas a la corrupción, la impunidad y la falta de equilibrio entre los delitos cometidos y las penas asociadas a los mismos".
Apunta que "las políticas de seguridad, como medio del cual dispone el poder público para hacer frente a estos graves problemas, pueden tomar diferentes direcciones. El enfoque represivo y punitivo adoptado en la región en las últimas décadas fracasó en su objetivo de reducir los niveles de violencia y delincuencia. Al mismo tiempo, tuvo un impacto negativo en la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, los/as niños/as y adolescentes siempre han sido y continúan siendo especialmente afectados por las formas como se definen e implementan las políticas públicas de seguridad, así como por la violencia cotidiana que atraviesa sus espacios de vida".
En este sentido precisa que "esta situación merece especial atención y una discusión en profundidad que contribuya para su transformación a través de un conjunto de acciones integradas entre el estado y la sociedad. Por tanto, queremos aportar a una reflexión basada en la perspectiva de derechos humanos, a partir de la cual la consideración de los problemas de la delincuencia, la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana, se debe hacer dando prioridad a la protección de todas las personas, incluyendo niños/as y adolescentes como sujetos de protección especial, y no a la defensa del Estado”.
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